El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la provincia de La Coruña, el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña y la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de La Coruña rechazan la petición de los Ayuntamientos de A Coruña y Santiago de Compostela para que sean declarados “zona de mercado residencial tensionado”.

Las cuatro entidades consideran que se trata de una medida que debe ir precedida de un ponderado análisis de las circunstancias concurrentes en cada localidad y cada barrio y, muy especialmente, de los posibles efectos negativos que esa declaración puede suponer para dichas ciudades. En este sentido, recuerdan que los principales efectos, como la limitación de las rentas y el alargamiento de los plazos de los contratos, ya existieron en épocas pasadas y su principal consecuencia todavía es visible hoy día: un parque de alquiler muy reducido, muy poco profesionalizado, sobre viviendas en bastante mal estado en muchos casos, y, como consecuencia de todo ello, sometido a enormes tensiones en los precios y en los plazos.

Por ello, los representantes de dichos colectivos profesionales creen que para incrementar la oferta de vivienda en alquiler y facilitar, con ello, que se contengan los precios, y partiendo de que más del 90% del mercado de vivienda en alquiler está en manos de pequeños propietarios o familias, debe dotarse a los propietarios de la necesaria seguridad jurídica y económica (por ejemplo, con seguros de impago y de destrozos en las viviendas), agilizando la recuperación de las viviendas en caso de falta de pago y garantizando el normal desarrollo de los contratos de alquiler. Con ello se conseguiría la inmediata puesta en el mercado de las viviendas vacías, con la rehabilitación de las que no reúnan, hoy en día, las condiciones necesarias de accesibilidad y habitabilidad. Asimismo, se pide que los Ayuntamientos liberen suelo público para la construcción de vivienda en alquiler asequible, la agilización de las licencias para la construcción de viviendas que ampliaría el parque inmobiliario residencial así como más ayudas para la rehabilitación.

Las cuatro entidades se ofrecen a colaborar, como siempre han hecho, con las distintas Administraciones Públicas para conseguir estos objetivos, de modo que, entre todos, se consiga limitar la espiral alcista de los precios de las viviendas, tanto en venta como en alquiler.