El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA) pide a las administraciones que convoquen con urgencia ayudas para la instalación de ascensores, pues actualmente existe un gran número de edificios que carecen de esta infraestructura.

 Según datos facilitados por el IGE (Instituto Galego de Estatística) en el año 2011 solo el 10% de los inmuebles gallegos disponía de elevador (A Coruña un 14%; Lugo: 6,72%, Ourense, 6,19% y Pontevedra (9,78%) una cifra muy reducida, teniendo en cuenta que la accesibilidad es un derecho de todos los ciudadanos recogido en la Ley 51/2003.

Para este colectivo, que agrupa a más de 600 profesionales en Galicia, el envejecimiento de la población y la falta de recursos de muchos residentes derivada de la crisis económica hace más necesario que nunca disponer de subvenciones para colocar ascensores, sobre todo en aquellas viviendas que están habitadas por personas mayores o con problemas de movilidad que no pueden entrar ni salir de sus hogares.

 El COAFGA también considera necesario que dichas ayudas se concedan antes de realizar la instalación, pues muchas comunidades deciden no hacerla porque no pueden afrontar una suma tan grande de dinero.

Aprobación por mayoría simple

Los profesionales colegiados también recuerdan que, si bien es obligatorio poner un elevador si lo pide un vecino con movilidad o mayor de 70 años (Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre), lo cierto es que si el coste de la obra supera 12 cuotas ordinarias por finca, se precisa la aprobación por mayoría simple.

En caso de que la comunidad de propietarios no apruebe el gasto, la Ley señala expresamente que no dejarán de ser obligatorias las obras de instalación del ascensor, pudiendo asumir  los titulares  que hayan solicitado la instalación la parte del coste que supere esas doce mensualidades.

 Tengas pleitos y los ganes

 Pese a que la legislación es clara a la hora de fomentar la instalación de elevadores en edificios donde viven personas con problemas de movilidad, desde el COAFGA señalan que, “en la práctica pueden surgir problemas de difícil solución cuya única salida es el juzgado”, según la secretaria de la corporación, Teresa Suárez Agrasar.

 “A veces se pide la instalación de un ascensor, pero los vecinos no tienen recursos para sufragar las obras – recordemos que la derrama no puede superar la suma de las 12 de cuotas de la comunidad restadas las ayudas (pero estas no sabes cuando te las van a conceder con lo que, de inicio, no hay descuentos). En caso contrario se podrían hacer pero a costa de los propietarios que las piden y, a veces, dos o tres propietarios tienen que costear un ascensor para un edificio”, agrega la secretaria del Colegio.

También es habitual que los dueños de los locales comerciales o garaje (que en muchos casos tienen que pagar una suma más grande porque su coeficiente de participación en la comunidad suele ser superior)  no están de acuerdo con una instalación cuyo coste es tan elevado.

 Desde el  COAFGA explican que hay locales que tienen hasta un 40% de cuota por lo que se ven obligados a afrontar el pago de un ascensor que no van a utilizar. En ocasiones, también tienen que ceder espacio para colocar el ascensor. En estos casos hay que indemnizarlos.

“Son numerosas las comunidades que no se ponen de acuerdo por estos motivos y se termina en el juzgado, que demora y encarece más si cabe las obras, mientras tanto, los vecinos con movilidad reducida permanecen atrapados en sus casas sin posibilidad de salir a la calle”, insisten desde el COAFGA.

Trámites coordinados por los Administradores de Fincas.

La secretaria del Colegio de Administración de Fincas, Teresa Suárez, recuerda que son los Administradores de Fincas colegiados los profesionales más cualificados para coordinar y canalizar todas las solicitudes y acuerdos entre vecinos para llevar a buen término un proyecto de esta envergadura.

 Más de 600 colegiados

El COAFGA, al que pertenecen más de 600 administradores de fincas de Galicia, ordena el ejercicio de la profesión en base a principios de deontología, independencia y responsabilidad, promoviendo la capacitación de sus colegiados, a través de la formación y asesoramiento continuo, con el fin de garantizar la calidad y eficacia de los servicios que ofrecen.